La modificación introducida por el Senado en la Ley de Alianza Público-Privada, conocida como APP, que establece que el Congreso será el que apruebe los proyectos que ejecutará el Gobierno conjuntamente con el sector privado complica la posibilidad de atraer inversión extranjera al país, advierten representantes de diversos sectores del país.
Es una falta de consideración a los intereses del país que las disputas coyunturales políticas afecten el desarrollo del Paraguay, manifestó el arquitecto Víctor González Acosta, titular de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. El Paraguay requiere una inversión de USD 1.000 millones en los próximos 10 años para infraestructura, sostuvo.
Explicó que no se puede pensar en el desarrollo de Paraguay si no se invierte en infraestructura y nuestro país no cuenta con los recursos para hacer posible estas inversiones; los países como el nuestro tienen carencias sociales y de infraestructuras profundas y al mismo tiempo un presupuesto limitado para ejecutarlas, dijo.
Manifestó que países como Paraguay, que tienen carencias sociales y de infraestructura y un presupuesto limitado para ejecutarlo, tienen en la Ley de Alianza Público-Privada la herramienta útil, así como lo han hecho otros países de la región que, más allá de las propias ideologías, de sus gobiernos, como el caso de Chile, Uruguay, Brasil y otros, ha sido la de promover la inversión privada a través de la APP para desarrollar su infraestructura y dejar la inversión social en educación y salud, al Estado.
“Para atraer inversiones tenemos que ser serios, previsibles y estables y estas decisiones, producto de las circunstancias electorales coyunturales, van de contramano con estos objetivos de desarrollo de nuestro país”, dijo.
“El interés de la nación debe estar siempre por encima de los intereses sectarios o partidarios; es necesario priorizar una visión país en la toma de las decisiones políticas”, agregó.
Si Paraguay pierde la posibilidad de contar con esta herramienta también perderá la posibilidad de un avance más dinámico de su desarrollo que finalmente se traducirá en la pérdida de empleos y mejores condiciones de vida para toda la población, advirtió.
RETROCESO. Antes de la Ley de Alianza Público-Privada, los proyectos eran analizados por el Congreso, quien era el que daba el visto bueno para que sean aprobados o autorizados, pero la Ley de APP surgió como una respuesta a la necesidad de abreviar este trámite, recordó por su parte Eduardo Felippo, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Para el empresario, la Ley no sirve si se debe recurrir de nuevo al Congreso. Con esta decisión, se tira la Ley a la basura, dijo.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) criticó a la Cámara de Senadores por los cambios en Ley de APP. Alerta que se proyecta una imagen de país poco serio, que cambia las reglas de juego y amenaza la predictibilidad de inversiones.