La Contraloría General de la República (CGR) está llevando adelante una auditoría de la licitación internacional para la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Silvio Pettirossi, que se emprende bajo la modalidad de alianza público-privada (APP).
El contralor Enrique García dio a entender que el estudio aún llevará su tiempo, pese a que algunos sectores interesados quieren apurar la expedición.
Vale recordar que el diputado Ariel Oviedo, como presidente de la Comisión Permanente, solicitó que se realice una verificación del procedimiento de contratación y, al darle trámite a la denuncia, se dio intervención a una oficina de la Contraloría que se llama Dirección General de Control de Licitaciones.
“Es la gente que fue a levantar evidencias. Producen un dictamen técnico, que efectivamente ya está producido y se giró a la Dirección Jurídica. Hay que revisar los elementos legales de una toma de posición técnica institucional y después tengo pensado plantear la intervención de la Dirección de Obras, que trabaja más específicamente en la verificación de las obras públicas. Por ejemplo, en las obras de Fonacide”, detalló a la 1080 AM.
Cuando el documento retorne se analizará si no es necesario volver a solicitar una nueva recomendación del área legal. Recién allí la CGR estará en condiciones de expedirse definitivamente, recalcó García. Añadió que la Contraloría está consciente de la envergadura del proyecto, no solo en el aspecto financiero, sino también en lo político y estratégico, así como en su rol constitucional.
Recordó que la Ley de la Contraloría establece que sus recomendaciones serán obligatorias para los entes sometidos a control, como en este caso es el MOPC, que lleva adelante el proceso de APP. Las propias autoridades del ministerio admitieron que el dictamen de la CGR será vinculante. Por tal motivo, la entidad a su cargo entiende que su trabajo es importante, por lo que se busca ser responsables en este proceso.
García explicó que la denuncia sobre este proceso tiene varias aristas y no se basa solamente en el costo del proyecto (USD 149 millones). Se mencionan a funcionarios del Estado vinculados con empresas oferentes, con seguros tomados, maltratos en la verificación de las ofertas y la evacuación de las consultas formuladas, enumeró. También señaló que la firma Cedicor había sido descalificada en la evaluación de la oferta técnica y también el Congreso hizo protestas al respecto.
“El cometido de la CGR, a pedido de los denunciantes, es la verificación de la integralidad del proceso licitatorio y es lo que instruimos hacer y se hizo de buena manera. Hasta ahí puedo decir, vamos a revisar el proceso desde su inicio. Vamos a decir lo que tengamos que decir”, apuntó.
VENCE SEGURO. El próximo 17 de abril vence la póliza de seguro que había otorgado la empresa Royal Seguros (de la que es accionista el ministro Juan Carlos López Moreira) al consorcio Sacyr - Agunsa, único oferente que sigue en carrera. Emiliano Fernández, miembro del comité que analiza el proyecto de APP, dijo que todas las herramientas deben seguir vigentes mientras dure el proceso de evaluación.
