Según el documento, hay elementos que confirman que la ujier no realizó la notificación en la causa y tampoco recurrió al domicilio fijado en el expediente.
Por este caso, la ujier Ortellado fue imputada por el Ministerio Público por producción mediata de documento público de contenido falso y tras eso, la máxima instancia judicial dispuso su suspensión en el cargo, sin goce de sueldo y por tiempo indeterminado.
De acuerdo con la investigación fiscal, la funcionaria mencionó que la firma estaba cerrada y dejó una nota donde indicó que volvería al día siguiente, pero nuevamente la empresa estaba cerrada y pegó la cédula de notificación en la puerta del edificio. La Fiscalía, mediante otros elementos de prueba, presentó la imputación en su contra.
Ahora, con lo dispuesto por el tribunal de alzada, el expediente debe volver al juzgado de origen y realizarse una notificación correcta de la resolución del 4 de noviembre del 2016, a las partes y en los domicilios correspondientes.
Al respecto, la funcionaria suspendida había mencionado que la empresa accionante perdió el juicio en primera instancia, pero referentes de gremios de abogados de la zona indicaron que los casos de “cédulas voladoras” o notificaciones falsas son repetitivos, solo que en el caso de Celsa Ortellado fue la primera en ser imputada por ese hecho. (N.D.)