La decisión fue adoptada por el juez Hilton Queiroz, del Tribunal Regional de Brasilia, quien aceptó una apelación presentada por la Abogacía General del Estado en favor de Moreira Franco, hasta la semana pasada secretario de un plan de privatizaciones y elevado por Temer a ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
Esa sentencia anuló la cautelar que impedía a Moreira Franco asumir ese cargo, bajo la presunción de que habría sido citado como uno de los supuestos beneficiarios de la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras en unos acuerdos de cooperación pactados con la Justicia por exdirectivos del grupo Odebrecht.
El contenido de estos testimonios está bajo secreto judicial, pero la prensa local ha obtenido algunos detalles que salpican a Moreira Franco.
Sin embargo, el juez Queiroz consideró que esas filtraciones a la prensa no pueden ser usadas como base para impedir su nombramiento como ministro, pues no constituyen documentos de carácter legal.
La acción contra Moreira Franco había sido presentada por tres abogados, según los cuales el cargo de ministro le valdría además el amparo de un “fuero privilegiado”, pues en esa condición solamente podrá ser juzgado por el Supremo y no por instancias inferiores, que en Brasil son tradicionalmente más ágiles.
Esos abogados se apoyaron en una cautelar dictada en marzo del año pasado por un magistrado de la Corte Suprema, que le impidió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupar un cargo de ministro en el Gobierno de Dima Rousseff, destituida en agosto pasado.
En ese momento, Lula ya era investigado por asuntos de supuesta corrupción, lo que dio lugar al magistrado Gilmar Mendes a aceptar una demanda contra su nombramiento bajo la misma premisa de que le valdría la condición de aforado.
Según la apelación presentada por la Abogacía General y aceptada hoy por el tribunal superior, el caso de Moreira Franco es distinto, pues ya formaba parte del Gobierno y porque, además, sobre él pesan “sospechas” e “hilaciones” y no existe una investigación formal.
En el caso de Lula, la cautelar nunca fue analizada por el pleno del Supremo, al cual el expresidente se dirigió el pasado lunes para exigir que anule esa decisión y corrija de ese modo lo que calificó de “error histórico”.
