El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, mencionó en su informe de cinco años de gestión (2012 a 2016) que en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción atendieron casos que engloban un perjuicio patrimonial al Estado de USD 222.232.593, que equivalen a G. 1.228.279.543.408.
Se tramitaron 516 causas, que por la falta de espacio es imposible explayarnos sobre todas ellas. Sin embargo, se detallan a continuación las que más repercusión tuvieron en los medios de prensa y en las redes sociales, y causaron indignación a la ciudadanía.
Como primera causa se encuentra el planillerismo en diferentes instituciones públicas y que fue denunciado por ÚH a través de investigación periodística. La causa fue iniciada contra los ex contralores Óscar Rubén Velázquez y Nancy Torreblanca, además de la polémica secretaria vip, Liz Paola Duarte, y otros 18 funcionarios. Estos fueron acusados por la Fiscalía.
Similar situación se daba en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde fueron imputados el ex ministro Alberto Ramírez Zambonini (actualmente sobreseido), la ex diputada Karina Rodríguez, el abogado Manuel Radice, su esposa Clara Haydée Silveira Arza, la familia de esta y otras personas más que cobraban sus salarios sin prestar servicio.
Cabe destacar asimismo el caso #Unanotecalles, la frase que fue creada por los alumnos luego de que fuera descubierto que el ahora ex rector Froilán Peralta había nombrado a su secretaria Tatiana Cogliolo como docente de la carrera de Veterinaria, cuando en realidad solamente era parvularia. También ingresaron a dicha institución su madre y la hermana menor que aún estaba en el colegio.
Finalmente, los fiscales imputaron al ex comandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga y a los policías Carlos Joel Jara, Roberto Osorio y Juan Mendoza, por un perjuicio de G. 1.159.242.441 por el desvío de cupos de combustible para la Policía Nacional.
RECONOCIERON. Se devolvió a las arcas del Estado en total G. 263.802.351.586 como reparación del daño. Esto se da a través de salidas procesales que benefician a los procesados, pero que al mismo tiempo se logra la recuperación del dinero cobrado de forma indebida.
Por otra parte, la Unidad Especializada de Lavado de Dinero descubrió la estructura más grande de lavado de dinero conocida en el país, donde se realizaron transferencias al exterior por un monto de USD 1.200.000.000. También, saltó un caso de megaevasión de unos USD 276.000.000 (G. 1.523.520.000.000) investigado en la capital de Alto Paraná.
