Por lo tanto, Peralta indicó que uno de los artículos del anteproyecto de modificación de la Ley de la Función Pública, que será presentado en marzo de este año, será para instalar la obligatoriedad de dar respuesta y acotar las resoluciones que emana la SFP.
Actualmente el ministro se encuentra recabando información a pedido del propio presidente de la República, Horacio Cartes, sobre la situación de los diferentes entes del Ejecutivo, e instó a los demás poderes a seguir la medida.
“La modificatoria de la Ley 1626, que propone el Poder Ejecutivo, y en particular la Secretaría de la Función Pública, es cambiar la ley para que sean obligatorias las respuestas a la SFP y, por tanto, los dictámenes también, que no sean meramente un pedido más o una sugerencia, porque ese es el problema de fondo que estamos teniendo”, expresó el ministro.
Los informes requeridos son sobre cantidad de funcionarios y el detalle de los mismos en cuanto a servicios y remuneración, desde el 2003. Además se plantea la implementación del control biométrico de asistencia para evitar e identificar planilleros.
Peralta señaló que desde que asumió, varios responsables de instituciones no responden a los pedidos de informes que solicita, como el caso de la Contraloría, que, en contrapartida, sí puede apretarles cuando son ellos quienes solicitan datos.
“Contraloría me reclama si no se responde en tiempo un pedido de expediente, lo mismo pasa con el Ministerio Público, me emplaza cinco o diez hábiles para responder. La Contraloría suele ser diez, pero bueno, yo tengo pedidos de informe que remití a la Contraloría y te puedo decir que desde que asumí y pedí constancia de gente que presentó declaración o no, y te hablo del 2013, con reiteración uno y dos, y no tuve respuesta, entonces qué tengo que entender, que una no respuesta es también una respuesta”, expresó Peralta.
Por otro lado, tampoco tienen respuesta de aclaratorias o pedidos de dictamen a la Sala Constitucional de la Corte, como el presentado hace más de un año sobre el caso de la hija de la diputada Perla de Vázquez, Perlita, quien fue condenada por contar con cinco salarios del Estado, pero por no haber sido sumariada no tiene inhabilidad para ejercer cargos en la función pública.
Lo último presentado fue en diciembre, sobre si el Ministerio de la Defensa Pública, que dejó de depender de la Corte Suprema, se rige o no por la Ley 1626.