En febrero de este año, Última Hora ya se había hecho eco del Plan de Inversiones elaborado por la ANDE para el periodo 2014-2023. Este plan contempla las necesidades financieras en las áreas de generación, transmisión y distribución, tanto a corto (2014-2018) como a mediano plazo (2018-2023). El plan, además, zonifica la ejecución incluyendo el Departamento Central y Pdte. Hayes, donde se concentra una parte importante de la población paraguaya.
Si bien la inversión total proyectada para el periodo completo supera los USD 5.000 millones, la ANDE ya cuenta con importantes fondos provenientes de diferentes fuentes como préstamos de instituciones internacionales y bonos soberanos. Sin embargo, es mínima la ejecución de estos fondos ya disponibles, atentando contra el cumplimiento del referido plan.
La baja ejecución financiera y física de las obras planificadas ya tiene como consecuencia cortes energéticos persistentes y de muchas horas, lo que genera el descontento ciudadano y la pérdida de productividad económica.
La situación empeora si consideramos que Paraguay es uno de los países más ricos en energía eléctrica y que incluso es exportador. No es posible justificar la situación actual en que tormentas leves o picos de calor ocasionen cortes de luz. Menos argumentos hay a tal ineficacia estatal atendiendo a que existen recursos, pero no se ejecutan en tiempo y forma.
Es realmente vergonzoso que existiendo las condiciones para iniciar la transformación estructural, la justificación se centre en problemas burocráticos derivados del sistema de contrataciones públicas. De ninguna manera una autoridad puede asumir que su institución está paralizada por problemas de gestión pública.
¿Quién más que la autoridad para impulsar un debate acerca de cuáles son los problemas y cuáles las soluciones?. El Poder Ejecutivo tiene potestades suficientes para diseñar una política, en este caso la ANDE debe implementarla y si es necesario recurrir al Poder Legislativo solicitando los cambios necesarios a la ley si la misma retrasa los procesos.
De ninguna manera esto significa flexibilizar las normas y que ello conlleve fallas de mercado, discrecionalidad de la autoridad o prácticas clientelistas. El país requiere mejorar su marco jurídico e institucional para las contrataciones públicas. Si la ANDE considera que en el contexto actual no es posible cumplir su plan, lo lógico sería que plantee los cambios y se discuta de manera inteligente la pertinencia y necesidad de los mismos.
El objetivo final deberá ser mejorar el acceso y calidad de la energía eléctrica con inversiones eficientes, eliminando cualquier posibilidad de corrupción, clientelismo, conflicto de intereses o negocios de dudosa legalidad. La ciudadanía merece calidad de vida y la economía mayor productividad para transitar hacia el desarrollo.
