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Mundo
miércoles 20 de julio de 2016, 11:54

Amnistía salvadoreña era garantía de repetición de crímenes guerra, dice Abogado

San Salvador, 20 jul (EFE).- La Ley de Amnistía salvadoreña, anulada recientemente, que evitaba juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra civil, era una "garantía de repetición", aseguró Benjamín Cuéllar, uno de los abogados que interpuso la demanda que desencadenó la nulidad.

El pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró "inconstitucional" la Ley General de Amnistía vigente desde 1993 que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes de guerra ocurridos durante la guerra civil (1980-1992).

Según un comunicado de la CSJ, la decisión se basó en el alegato de que esa amnistía "es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas".

"Con la Amnistía lo que teníamos era garantía de repetición, lo digo aprendiendo de las lecciones de la historia salvadoreña", sostuvo Cuéllar en una entrevista con Efe.

El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) ejemplificó con "la gran matanza" de indígenas y campesinos de 1932, perpetrada por la dictadura militar, que se "repitió" en 1982 en El Mozote.

En la primera, los estudiosos estiman que fueron asesinadas entre 10.000 y 30.000 personas, y en la registrada a inicios de la década de los ochenta las estimaciones se aproximan a las 1.000 víctimas, "la más terrible en América Latina en la segunda mitad del siglo".

"Se repitieron las cosas, porque hubo una amnistía en junio o julio de 1932", aunque "no como la que se acaba de declarar inconstitucional" que es "aberrante" y "violadora de todos los estándares de derechos humanos, explicó.

Para el letrado, la "impunidad" que El Salvador ha tolerado a lo largo de su historia "puede ser una de las razones por las que este país sigue siendo sumamente violento", al grado de estar en 3 guerras: la del Gobierno con las pandillas, entre "maras" rivales y la de las mismas contra la población.

Cuéllar aseguró que la "inconstitucionalidad" de la referida ley la recibió con "satisfacción" porque las "víctimas se merecen lo que les han negado desde hace como 26 años, la justicia, la reparación integral, y la sociedad se merece esto también como oportunidad para cambiar el país sobre la base de la garantía de no repetición".

Agregó que para lograr esta sentencia se dio "una lucha larga" que data desde 1993, cuando él presentó la primera demanda de inconstitucionalidad "a poco más de mes y medio de promulgada" la Ley de Amnistía.

Detalló que en su momento, dicha demanda fue desestimada por el Constitucional porque "era un asunto político que tenía que resolver la Asamblea Legislativa".

Relató que varios días después en el Idhuca, que dirigió Cuéllar por más de 20 años, recibieron una notificación "algo peculiar" dirigida para el sacerdote jesuita Segundo Montes, asesinado en 1989 junto a otros 5 religiosos y 2 de sus colaboradoras.

"Ya masacrado (...) le viene una notificación que era por una demanda que presentó en noviembre de 1987 por una ley de amnistía aprobada en ese año y al igual que la mía (de 1993) la declararon inadmisible", contó.

Cuéllar fue tajante al asegurar que con la nulidad "sí" es posible reabrir casos como la masacre de los padres jesuitas y las dos mujeres, y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra por el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder.

El mismo señaló que se debe comenzar con los 32 casos plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993.

Además del crimen de los jesuitas, monseñor Romero y El Mozote, dicho informe da cuenta de las ejecuciones de la médica española Begoña García (1990), 4 periodistas holandeses (1982) y 4 religiosas norteamericanas de la orden Maryknoll (1980).

"Esos casos que investigó la Comisión de la Verdad son los que están más a la mano, con más información, con mayor investigación", aseguró.

Añadió que los documentos que "respaldan" las investigaciones de la citada comisión "están en Nueva York", en la sede de la ONU, y que "llegó la hora de conocer esos archivos para que la Fiscalía los utilice" en los procesos judiciales.

Asimismo, restó importancia a la posibilidad de que el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, otrora comandante de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) que era parte del FMLN, pueda ser juzgado por los crímenes atribuidos a la guerrilla.

Aseguró que en Guatemala "acaba de pasar eso", aunque sea "por otras razones", y el país "sigue" y "no está en el caos".

"Esta es la oportunidad para que las víctimas del hambre, de la sangre y de la impunidad ocupen el principal protagonismo para el cambio de este país", sentenció Cuéllar.

Algunos sectores del país centroamericano aseguran que la inconstitucionalidad "arrastra" al país al pasado y que "reabre viejas heridas", mientras que para otros es el inicio real de la "reconciliación".