Por un lado el Ministerio de Salud salvadoreño se niega a proponer un plan para la despenalización del aborto terapéutico y, por el otro, organizaciones sociales piden al Estado tomar cartas en el asunto y no tener “una doble moral” ante la situación.
Según datos de la entidad pública, entre diciembre de 2015 y enero del año en curso, 159 mujeres embarazadas tienen el virus y 13 de ellas ya dieron a luz sin que el bebé presente signos de microcefalia, enfermedad asociada con el zika, lo que lleva a considerar innecesario despenalizar el aborto en todas sus formas.
La representante del Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER), Ima Guirola, consideró que el Estado no ha “generado un sistema de alerta temprana para la prevención de muchas epidemias, y en especifico la del zika”.
“No se puede seguir negando la realidad, no se trata de levantar de forma coyuntural la bandera sobre la aprobación del aborto y ponerla sobre el tapete de discusión irresponsablemente”, dijo a Acan-Efe.
Guirola sostuvo que el Ministerio de Salud no puede lavarse las manos en otras instituciones, como la Asamblea Legislativa, cuando lo que debe hacer es definir cómo se abordará al tema; porque ¿qué pasará si una mujer aborta involuntariamente producto de las complicaciones del zika?, ¿se le va a criminalizar?, cuestionó.
“La pregunta concreta es qué hará el Estado para garantizar la salud y vida de una mujer que se enfrenta esta situación, y si existirá un compromiso de darle seguimiento a un niño con microcefalia que nació ante toda adversidad”.
Según Guirola, “el tema ya está sobre la mesa, por lo que el gobierno debe de asumir una posición clara y no ambigua para garantizar la vida de las mujeres”.
La activista hizo un llamamiento “claro” e instó al Ejecutivo a discutir sobre un proceso integral que incluya políticas públicas y tratamientos educativos al respecto”.
El Salvador ya tienen antecedentes de criminalizar a una mujer que, en su momento, tuvo que tomar una decisión ente su vida y la de su neonato.
“Beatriz” padecía de lupus y de una enfermedad renal y llevaba en su vientre a un bebé que carecía de cerebro por anencefalia.
La joven puso en jaque a las autoridades en 2013; la opción de ella era practicarse un aborto terapéutico para salvaguardar su vida, pero el Estado, la Iglesia y diversas organizaciones se pronunciaron en contra de esta medida.
A los nueve meses de embarazo, la mujer tuvo que dar a luz a un feto muerto, por medio de una cesárea.
El caso de “Beatriz” podría volver a suscitarse en el país, si el Estado no responde y busca una alternativa a las mujeres embarazadas que padecen zika, y ante las posibles complicaciones que esto podría generar.
El miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Albero Romero de Urbiztondo, aseguró que “ante la situación (zika) el Estado debe de abrir una posibilidad de buscar una legislación que, en casos donde la vida de las embarazadas estén en riesgo, se pueda interrumpir la preñez”.
“La solución no es que las mujeres no se embaracen (como lo han planteado las autoridades de salud), sino erradicar al zancudo que trasmite el zika, lo que evitará que el Estado se vuelva irresponsable”, manifestó Romero.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado lunes estado de emergencia sanitaria de alcance internacional por los efectos del virus del zika, ya que considera que los casos de microcefalia en neonatos constituyen un problema internacional.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó el viernes a los países afectados por el virus del Zika, probable causante de graves malformaciones congénitas, autorizar la interrupción de los embarazos.
Sara Acosta
