“Cuando llegué a la CIDH (2012), Brasil era uno de los países más fuertes atacando a la Comisión porque esta había emitido una medida cautelar sobre la presa de Belo Monte, que era como el proyecto insignia de Rousseff”, explicó hoy Álvarez Icaza en una entrevista con Efe en Washington tras dejar el lunes el liderazgo de la CIDH.
“Es tan irónico, si a mí me hubieran dicho, oye mira, en cuatro años, esta que es la mayor amenaza te va a pedir cautelares, yo les hubiera dicho ‘ya no fumen esto que están fumando’”, agregó el mexicano.
La semana pasada, el Partido de los Trabajadores (PT) presentó una denuncia y pidió medidas cautelares (protección) a la Comisión para frenar el proceso de destitución de Rousseff, algo sobre lo que el organismo aún no se ha pronunciado.
Álvarez Icaza considera este paso “absolutamente irónico” después de que Rousseff, tras las medidas cautelares de Belo Monte, retirara a su embajador en la OEA, dejara de aportar fondos al organismo (al que aún debe más de 20 millones de dólares) y retirara a su candidato a la Comisión.
“Después hubo algunas reformas y se recompusieron relaciones. Yo estuve varias veces en Brasilia, y ya hay un juez brasileño en la CorteIDH, un comisionado brasileño y ahora hasta un secretario ejecutivo brasileño (su sucesor, Paulo Abrão)”, relata.
“Este caso es un reflejo de lo que pasa en la región. Al amparo del poder se toman muchas decisiones pero cuando se pierde el poder se busca protección. En su momento, Dilma fue una gran amenaza para el Sistema Interamericano, como lo fue (el expresidente colombiano) Álvaro Uribe, que también ha recurrido después a la Comisión varias veces”, añade.
El caso del proceso de Rousseff en la CIDH llega justo en el momento de transición a un nuevo secretario ejecutivo, precisamente el primer brasileño en ocupar el cargo en los 56 años de historia de este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Álvarez Icaza reconoce que “hay un debate público sobre la nacionalidad” de Abrão en este caso, pero asegura que los ciudadanos “pueden tener la garantía de que no hay una intervención específica porque el secretario sea de Brasil o haya trabajado con Dilma”.
Abrão, de 41 años, fue secretario nacional de Justicia bajo el mandato de Rousseff y, desde 2007, preside la Comisión de Amnistía de Brasil, el órgano de políticas de reparación y memoria para las víctimas de la dictadura brasileña.
El secretario ejecutivo de la CIDH, la “cara visible” del ente, sí puede participar en los temas de su país de origen, a diferencia de los siete comisionados, porque no tiene voto en la toma de decisiones.
“La secretaría ejecutiva hace un análisis técnico-jurídico de las opciones dentro de los estándares de la Comisión, pero no toma la decisión”, apunta Álvarez Icaza, que lideró el organismo los últimos cuatro años.
