La decisión de los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) de cerrar 14 carreras –diez del área de la Salud– y de 31 filiales de la Universidad Nacional del Sur (Unasur) desató la lógica protesta de más de 9.000 alumnos que se han visto afectados por la crisis, pero era un paso que resulta lógico en el proceso de depuración de la educación superior, ante la masificación de las llamadas universidades de garaje.
Tienen toda la razón los estudiantes en protestar, ya que son las principales víctimas y los mayores perjudicados de un mecanismo armado por los comerciantes de la educación, amparados por una rosca de políticos inescrupulosos que crearon las condiciones legales para que esto suceda, ante la complacencia de varios organismos estatales que durante muchos años cerraron los ojos a una verdadera prostitución del sistema educativo superior, pero las actuales acciones de corrección iniciadas por el Cones son inevitablemente urgentes y necesarias.
Hace años que se viene denunciando la degradación de las carreras universitarias en el país, cuando los propios legisladores, en una maniobra tendiente a evitar controles de calidad, crearon leyes que les sacaron atribuciones al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades, sobre todo con la Ley 2529/04, que modificó la Ley 136/93 de Universidades, facultando que sea el Congreso Nacional el que directamente apruebe por ley la creación de nuevas universidades. Llamativamente, el Poder Ejecutivo no se opuso en su momento a esta situación y también promulgó la ley.
Fue así como el país se llenó de universidades privadas que en su mayor parte solo tenían como principal objetivo el lucro, instalándose en locales con pésima infraestructura, que en muchos casos eran solo salones, tinglados o garajes, habilitando carreras que no tenían el equipamiento adecuado para una buena formación de los alumnos. Tuvo que pasar una década para que se apruebe la Ley 4995/13, de Educación Superior, que impuso nuevas reglas de mayor control por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), pero ya gran parte del daño estaba hecho.
Ahora que se busca volver a poner las cosas en su debido lugar, hay que ofrecer, sin embargo, opciones valederas para que los alumnos afectados puedan ser debidamente resarcidos, y puedan proseguir sus estudios en otras universidades con mejores condiciones, con todas las adaptaciones pedagógicas que se deban cumplir. Los sueños y los esfuerzos por estudiar y ser alguien en la vida no se deben perder.
