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Sucesos
viernes 16 de junio de 2017, 01:00

Allanan el local de la Conamuri por un supuesto fraude contra la Itaipú

Según la denuncia, el perjuicio sería de 970 millones de guaraníes en un proyecto de creación de una carrera de Ingeniería Agroecológica. La presidenta de la institución manifestó que todo está en regla.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández, allanó en la mañana de ayer la sede de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), ubicada sobre Montevideo casi Milano.

Allí además funcionan las oficinas del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Guaraní, de donde se incautaron de un lote de documentos pertenecientes al proyecto denominado Desarrollo de la carrera de Ingeniería Agroecológica, que la entidad Itaipú Binacional financió con un monto de 970 millones de guaraníes.

Esto luego de que el 15 de marzo de 2012, Itaipú y la Fundación IALA Guaraní celebraron un convenio, con el objetivo de ejecutar el proyecto. Conforme con el texto del convenio, y a los efectos de alcanzar las metas trazadas, la Itaipú Binacional se comprometió a aportar la suma de 1.548.290.600 guaraníes y la Fundación IALA Guaraní asumió la obligación de aportar, en concepto de contrapartida, la suma de G. 393.529.800. El 2 de abril de 2012, supuestamente, se realizó un desembolso por parte de la entidad, por valor de G. 970.910.200.

El 24 de agosto de 2012, representantes de la Itaipú Binacional, con participación de Fredy Jara, entonces director de la fundación, realizaron la verificación física de las actividades vinculadas al convenio, donde se observa que "la Itaipú Binacional desembolsó dinero a una institución que no reunía las condiciones para funcionar como tal por las varias irregularidades constatadas".

Itaipú presuntamente fue inducida al error respecto a la aptitud de la Fundación IALA Guaraní para ejecutar el proyecto planteado, de acuerdo con los datos proveídos.

Es decir, la falta de habilitación de la carrera de Ingeniería Agroecológica, la carencia en infraestructura y la ausencia de vínculos o convenio con la Universidad de Pilar, contrariamente a lo declarado por la convenida, fundan la sospecha de la existencia de declaraciones falsas para la obtención del financiamiento, según refieren los investigadores.