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Política
miércoles 21 de diciembre de 2016, 01:00

Allanan Defensoría del Pueblo por denuncia que estuvo cajoneada

Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Igor Cáceres y Josefina Aghemo, allanaron ayer la sede de la Defensoría del Pueblo, de donde extrajeron varios expedientes de supuestas víctimas de la dictadura stronista para su estudio.

El procedimiento fiscal se realizó en el marco de una denuncia presentada años atrás ante el Ministerio Público por una ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo, Norma Ferreira, ya fallecida.

La misma denunció que el ex defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, asignaba millonarias indemnizaciones en base a documentos adulterados.

Este diario logró acceder a las documentaciones que sirvieron de base para la denuncia de la ex funcionaria.

Recién ahora, luego de que ÚH se hizo eco de esta denuncia, la Fiscalía tomó intervención, tras años de inacción.

El caso. Páez Monges llegó a indemnizar a cuatro hermanos, a sabiendas de que adulteraron documentos para hacer figurar a sus padres como víctimas de la dictadura.

Cada uno de los hermanos acudió a la Defensoría del Pueblo a tramitar su indemnización como hijo de víctimas.

El ex defensor tuvo para el caso de cada uno de los hermanos un dictamen jurídico, en el que se le advertía de la existencia de los supuestos hechos punibles de producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

Lejos de lo que se le recomendó, resolvió indemnizar a cada uno con la suma de 1.000 jornales.

procedimiento. Los agentes fiscales fueron recibidos en la institución por el ex defensor del Pueblo adjunto y actual secretario general, Édgar Villalba. El mismo indicó que los fiscales llevaron varios expedientes tramitados por supuestas víctimas de la dictadura, para el cobro de indemnizaciones.

“Se les facilitó las documentaciones que les interesó llevar ahora; también nos solicitaron una serie de expedientes que vamos a facilitarles lo antes posible”, afirmó Villalba.

El fiscal Igor Cáceres reconoció que esta denuncia data de hace varios años; pero dijo desconocer por qué estuvo parada.

“A nosotros se nos reasignó una causa que ya había ingresado en Delitos Económicos, sobre una denuncia de 26 expedientes aproximadamente que han tenido sospechas de que no fueron adjudicados en debida forma las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura”, expresó el agente.

Indicó que como primera medida, lo que se hizo fue allanar la institución a fin de obtener las documentaciones relacionadas a las diferentes personas que figuran en los distintos expedientes denunciados.

La actual administración de la Defensoría del Pueblo hace unas semanas presentó denuncia en la Fiscalía por supuesta lesión de confianza, estafa y asociación criminal contra Páez Monges. Según trascendió, se están preparando nuevas denuncias.