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miércoles 27 de julio de 2016, 01:00

Alguien debe hacerse cargo de la estafa en universidades

La confirmación dada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) de que muchos estudiantes de los más de 8.000 estafados por las universidades de garaje deberán volver a empezar desde cero sus carreras demuestra el descomunal engaño del que han sido víctimas miles de personas. Alguien tiene que ser hallado responsable por esta gran estafa. Alguien tiene que resarcir a estos jóvenes que han invertido hasta lo que no tenían detrás del sueño de acceder a un título universitario. Si no se establecen responsabilidades personales y penas justas, se permitirá que se continúe abusando impunemente de los más pobres.

No se ha podido determinar aún cuántos se encuentran en esta situación, pero ya está establecido que muchos de los más de 8.000 estudiantes estafados por las instituciones educativas que ofrecían carreras universitarias deberán empezar nuevamente desde cero a cursar la especialidad en otras universidades para poder acceder a un título de grado legal, según el anuncio realizado por autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Aunque aseguran que se estudiará cada caso para intentar ayudar a la reinserción académica de los alumnos afectados, ya se ha dictaminado que aquellos estudiantes que no puedan demostrar su asistencia a clase, o que no reúnan la cantidad de horas prácticas necesarias, deberán resignarse a volver a estudiar de nuevo, con el tiempo y el costo monetario que ello implicará, además de que en muchas localidades del interior del país no hay ofertas educativas diferentes a las que ofrecían las denominadas universidades de garaje.

La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla. Por más de que se pueda esgrimir de que la mayoría de los estudiantes afectados sabían a qué se exponían, por la forma irregular y precaria en que funcionaban las universidades con carreras actualmente inhabilitadas, no hay que olvidar que la proliferación de estas presuntas casas de estudio se hizo bajo el amparo de figuras legales creadas por los propios legisladores, muchos de ellos metidos en el negocio de lucrar con la educación.

Por ello tienen mucha responsabilidad en la gran estafa quienes, para evitar controles de calidad, crearon nuevas leyes que les quitaron atribuciones al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades, sobre todo con la Ley 2529/04, que modificó la Ley 136/93 De Universidades, facultando que sea el Congreso Nacional el que directamente aprobara por ley la creación de nuevos institutos educativos. También tiene mucha responsabilidad el Poder Ejecutivo, que no se opuso en su momento a esta situación y que también promulgó la cuestionada ley.

Echar toda la culpa a los jóvenes, que en su mayoría provienen de origen rural y humilde, y probablemente no tenían los criterios suficientes para discernir los mecanismos de la gran estafa, es buscar castigar nuevamente al sector más débil y vulnerable, o permitir que todo quede en el oparei, el nombre paraguayo de la impunidad.

Alguien tiene que ser hallado responsable por este gran engaño montado sobre la crisis educativa. Alguien tiene que resarcir a estos jóvenes, que han invertido hasta lo que no tenían detrás del sueño de acceder a un título universitario. Si no se establecen responsabilidades personales y penas justas, solamente se permitirá que se continúe abusando impunemente de los más pobres.