No es novedad referirse en nuestro país a los problemas de seguridad ciudadana. De hecho, venimos conviviendo con esta situación desde hace mucho tiempo y tratamos de tomar las precauciones que están a nuestro alcance de acuerdo con nuestras propias posibilidades.
Sin embargo, el problema viene agravándose a pasos agigantados, pues el crimen organizado ha mejorado ostensiblemente su nivel de organización y profesionalización, con redes internacionales muy activas en donde las fronteras no existen.
En la otra vereda, la institucionalidad encargada de los temas de seguridad se ha quedado estancada en alarmantes niveles de ineficiencia, falta de recursos y, lo peor, complicidad y corrupción.
Esto nos ha convertido en un país con altísimo grado de vulnerabilidad; es decir, podemos sufrir impactos significativos del crimen organizado con una muy baja capacidad real de defensa.
Cada cierto tiempo se producen acontecimientos aparatosos que nos muestran claramente la gravedad de la situación tal cual ha sido descrita.
La última fue sin duda el comando que sitió por unas horas una parte de la segunda ciudad más importante del país, para acometer un robo descomunal.
Antes habíamos asistido también a un ajuste de cuentas entre bandas rivales en otra ciudad, utilizando armamento militar de alto calibre en plena vía pública.
A nivel más amplio, nos hemos convertido en una ruta de tráfico de sustancias ilícitas muy conveniente de transitar, por la exigua capacidad de control sobre nuestro propio territorio. Ni siquiera contamos con un sistema adecuado de radares para controlar el tráfico aéreo de avionetas que surcan nuestro cielo.
Referentes y enviados de peligrosos carteles mexicanos ya han estado “estudiando el mercado” y operando localmente para ampliar sus redes de tráfico.
Debemos lamentar también la existencia de un pequeño grupo armado en una zona del país que tiene en su poder a tres secuestrados, varios asesinatos e infundiendo el temor de trabajar y producir a varias poblaciones en toda la región.
Y ahora incluso vemos que hordas conformadas ad hoc tienen la capacidad de atacar y prender fuego a nuestro propio Congreso Nacional, sin que las fuerzas de seguridad pudieran impedir el hecho.
Nos hemos convertido en un país de altos niveles de inseguridad y realmente preocupa la escasez de planes y estrategias serias y decididas para combatir esta delicada situación.
Podemos aprender de países hermanos como Colombia e incluso México, el gran daño que toda esta situación puede causar si no se activan a tiempo barreras que impidan el crecimiento sostenido del crimen organizado.
Como país estamos haciendo enormes esfuerzos desde hace varios años en ciertos campos, como la macroeconomía y otros que nos han dado resultados muy positivos, volviendo muy atractivo a nuestro país para invertir mirando los grandes mercados que nos rodean.
No veo ni lejanamente el mismo nivel de esfuerzo en el tema seguridad. Por lo tanto, también nos estamos volviendo muy atractivos, pero en este caso para las organizaciones criminales que nos pueden utilizar como base de operaciones para atacar los mismos grandes mercados que nos rodean.
El debate sobre estos temas se instala por unos días cuando ocurre un hecho aparatoso como los mencionados, se cambian algunas personas en las instituciones, pero las estructuras deterioradas permanecen inalterables y terminan por fagocitar o expulsar a cualquiera que intente algún cambio significativo.
Estamos ya en un nivel de alerta roja, aquella que nos indica que frente a nosotros hay un gran peligro, algo que puede tener un impacto profundo para toda nuestra sociedad.
Por ende, necesitamos acuerdos políticos al más alto nivel que decidan atacar el problema de fondo. No olvidemos que brindar seguridad es una de las funciones irreductibles de cualquier Estado.
