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sábado 3 de junio de 2017, 01:00

Al día siguiente de la masacre

Dicen que la noche después de la masacre, la zona de Marina Cué estuvo custodiada por fuerzas policiales o militares.

Pero lo cierto es que las familias de los campesinos que no habían encontrado muertos o desaparecidos invadieron temprano aquel campo para buscarlos.

Y la dolorosa sorpresa fue el hallar a dos campesinos heridos y con señales de haber sido ajusticiados. Existen fotos de ellos.

Buscando encontraron casquillos de balas de fuerte calibre que fueron juntando y al ex senador Colmán le sacaron una foto con ellos en una bolsa abierta de plásticos. Este lo entregó al fiscal y luego desaparecieron como si nunca hubieran existido.

Alguien de las autoridades aseguró que había abundante material grabado por la cámara que llevaba el helicóptero.

El fiscal Jalil Rachid, que ya había entrado en escena, afirmó que dicha cámara no había funcionado, por lo tanto, ese video que hubiera podido ser esencial, no existía.

Y entonces comenzó la gran farsa que terminaría en un juicio político con fuertes sentencias contra los campesinos, confirmadas en las dos apelaciones que hemos hecho.

Jalil Rachid solamente investigó la muerte de los seis policías y nada de los once campesinos muertos. Algo que nadie entiende y que sin embargo al fiscal general le parece lo más natural.

Por otra parte, Jalil Rachid se ha cebado en acusar a los doce presos. Curiosamente presos porque sus nombres estaban en la hoja de un cuadernillo que... se cayó al arroyo y se perdió. Otro caso más risible o sospechoso.

Hay un convencimiento generalizado de que todo lo referente al juicio jurídico ha sido una farsa premeditada para condenar. Condena que no nace de pruebas, sino de un mandato político.

Por eso, los presos condenados de Curuguaty son presos políticos.

Y aquí viene la gran pregunta: ¿Por qué la sociedad calla o apenas protesta ante una injusticia semejante? Ha llegado la hora de reaccionar.