Actualmente, en el Congreso del país centroamericano se debate sobre las posibilidades de despenalizar el aborto. El partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha propuesto la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, mientras la oposición propone ampliar hasta los 50 años las penas para el aborto, similar a la del homicidio agravado.
El aborto en El Salvador está totalmente penalizado desde 1998, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro.
Según AI, la ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas.
“La prohibición total del aborto no es más que una forma de tortura que cada día pone la vida de millones de mujeres y niñas en peligro”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado.
La petición de la organización promotora de los derechos humanos se une a la que hizo este lunes un grupo de expertos de la ONU, quienes solicitaron al Congreso salvadoreño que aproveche una “oportunidad excepcional” para el progreso de la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el país y despenalice el aborto en casos específicos.
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, indicaron en un comunicado.
Los expertos subrayaron que la criminalización de la interrupción del embarazo no reduce las tasas de aborto, como demuestran datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que suele aumentar el número de mujeres que buscan soluciones clandestinas e inseguras.
En octubre de 2016, el FMLN propuso al Congreso modificar el artículo 133 del Código Penal salvadoreño que establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique un aborto en cualquier condición.
La reforma propone añadir el numeral 133-A que haga la salvedad de que “no es punible” el aborto realizado “con el propósito de salvar la vida de una mujer”, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro o sea “inviable la vida extrauterina”.
El FMLN ha apoyado históricamente a las organizaciones sociales que buscan la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, sin embargo, es la primera vez que toma medidas en el Congreso, a pesar de haber tenido diputados por más de 20 años.
A mediados de julio de 2016, la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitó al mismo órgano de Estado ampliar hasta los 50 años las penas para el aborto, similar a la del homicidio agravado, iniciativa ampliamente criticada por organismos como Amnistía Internacional (AI).
El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición legal absoluta del aborto.
