En el informe "¿Hogar Dulce Hogar?: El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados”, difundido este viernes por AI en Tegucigalpa, la organización no gubernamental aseveró que “los altísimos niveles de violencia han provocado que cada vez más personas huyan hacia el norte para salvar la vida”.
Pese a esa situación, la impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica -conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala- sigue “siendo la norma para la mayoría de los delitos y el acceso a la Justicia es un mero deseo”, enfatizó.
Los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras “luchan una batalla diaria por sobrevivir en medio de la omnipresente violencia, y a menudo su única opción es huir de sus países”, según el informe.
Los tres Gobiernos están “incumpliendo casi sistemáticamente su obligación de proteger a las personas bajo su jurisdicción cuando huyen a otros países a causa de la violencia y cuando son devueltas, como deportadas, a las mismas condiciones inseguras”, la organización.
Amnistía considera necesario que los tres Estados reconozcan “su responsabilidad en la crisis de protección de la región”.
Además cree que estos países deben “diseñar e implementar políticas públicas y marcos jurídicos para brindar protección a las personas deportadas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTI”, precisó.
También deben prestar “una mejor y continua asistencia” a las familias de las personas que son víctimas de delitos o de violaciones de sus derechos humanos durante su tránsito fuera del país de origen, lo que incluye “un mayor trabajo de incidencia” en favor de en su favor ante las autoridades extranjeras”.
El desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de justicia transnacional, mantener a las familias informadas de las investigaciones en curso y proporcionar asistencia psicológica cuando sea necesario, son otras medidas sugeridas por AI.
Amnistía lamentó que estos países no cuenten con “protocolos o mecanismos integrantes de protección” para los miles de ciudadanos que son deportados en “las mismas condiciones de violencia de las que huyeron”.
Señaló que las autoridades de los tres países consideran que el Plan de la Alianza para la Prosperidad, apoyado por EE.UU., es “la principal estrategia” para abordar las causas fundamentales de la migración, pues permitirá aumentar el crecimiento económico y reducir la delincuencia organizada.
No obstante, para Amnistía “no está claro de qué manera se tienen en cuenta las necesidades de las personas deportadas que son devueltas a situaciones peligrosas, o que esto ayude a brindar una protección real a quienes se enfrentan a la violencia”.
Además considera que las condiciones socioeconómicas en los tres países siguen “siendo malas” y el entorno, “cada vez más violento”, “impregna todos los rincones de cada país, lo cual todavía “obliga a una cifra récord de personas a huir”.
Los tres países tampoco han cumplido “su obligación de proporcionar justicia y reparación a las víctimas y sus familiares”, por lo que Amnistía recordó que los Estados están obligados a “adoptar medidas específicas de protección” en los casos en los que la vida de una persona corra peligro, señala el documento.
El informe, de 48 páginas, sugiere a las autoridades de los tres países mejorar la coordinación entre los servicios consulares y los centros nacionales de recepción para identificar los casos de personas deportadas necesitadas de protección.
También recomienda identificar y diseñar, en conjunto con los países de destino, “mecanismos de readmisión” para las personas deportadas que han sido víctimas de una violación del principio de no devolución, lo mismo que brindar apoyo sicológico a estas personas.
Los tres países deben asumir “la responsabilidad central de proteger a las personas deportadas” e incrementar los mecanismos de protección a los inmigrantes retornados con necesidades de protección, apunta Amnistía.
