En el informe “Defendemos la tierra con nuestra sangre”, difundido por AI, esa organización no gubernamental (ONG) aseveró que “crear un contexto favorable en que las personas defensoras desarrollen sus actividades sin temor a sufrir represalias es parte de los compromisos asumidos por los Estados”.
En Honduras los ambientalistas “son víctimas de episodios de violencia que incluyen asesinatos, quema de sus pertenencias, amenazas y uso desproporcionado de la fuerza durante desalojos y allanamientos”, precisó el informe.
Recordó que Honduras ya fue clasificada por la ONG Global Witness como el país con el mayor número de asesinatos de defensores del ambiente y la tierra per cápita del mundo, con 12 ocurridos en el 2014.
En Guatemala “el ambiente hostil contra las personas defensoras de derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medioambiente es también preocupante. Este grupo (...) ha sido objeto de declaraciones que generan estigma, incluso provenientes de autoridades estatales, buscando desacreditar su trabajo y promover una visión de ellas como enemigas del Estado”, indicó el reporte.
Agregó que junto a la estigmatización, se da de forma simultánea en Guatemala la criminalización de los activistas por el ambiente y el acceso a la tierra “a través del indebido uso del sistema de justicia”.
“Las investigaciones penales contra las personas defensoras muchas veces se basan en asunciones negativas de lo que es ser un líder o lideresa comunitaria o indígena, en prejuicios sobre las manifestaciones y en equivalencias automáticas entre liderazgo y responsabilidad por cualquier acto delictivo que se dé durante éstas”, expone el documento.
Amnistía señaló que “el sistema de justicia de Guatemala debe garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso y dejar de utilizar los procesos penales como una forma de desalentar, intimidar, hostigar y desarticular la movilización social”.
El informe, de 68 páginas, expone la situación de los defensores del medioambiente en Honduras y Guatemala, y recoge datos colectados en entrevistas realizadas entre enero y julio pasados a activistas, organismos de apoyo legal a los mismos y autoridades de diversos niveles de ambos países.
“Este reporte se concentra en Honduras y Guatemala teniendo en cuenta que en ambos países se ha registrado una gran intensidad de ataques y amenazas contra” ambientalistas, “y que recientemente han optado por la creación y el fortalecimiento de las instancias gubernamentales de protección a personas defensoras de derechos humanos”, señala el documento.
También aclara que “si bien la mayoría de los casos” expuestos en el informe “fueron documentados en el contexto de proyectos de explotación de recursos naturales por parte de empresas, Amnistía Internacional enfocó su investigación en las acciones y responsabilidad de los Estados de Guatemala y Honduras como garantes de derechos”, sin entrar a valorar la “posible responsabilidad” de los entes privados.
