La campaña “Máxima no está sola” busca reunir mensajes de apoyo para Acuña, ganadora en abril del prestigioso premio medioambiental Goldman, y además recabar firmas para solicitar al Ministerio del Interior mayores garantías para su seguridad.
La agricultora peruana será además el único caso latinoamericano en la nueva edición de la campaña de Amnistía Internacional “Write for your rights” (Escribe por tus derechos), que aglutina mensajes de solidaridad para los defensores de derechos en el mundo.
La campaña, cuyo sitio web es www.maximanoestasola.pe, fue presentada en Lima por la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú junto a Máxima Acuña y la abogada de la campesina, Mirtha Vásquez.
Acuña señaló a Efe que el hostigamiento por parte de la minera continúa de manera diaria, a pesar de tener una sentencia judicial que la reconoce como poseedora legal del terreno reclamado por Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont y la peruana Minas Buenaventura.
Conga, con una inversión prevista de 4.800 millones de dólares, contempla el drenaje de cuatro lagunas que se encuentran en cabeceras de cuenca, dos de ellas para extraer oro y las otras dos para vaciar los residuos.
El proyecto, ubicado en la región de Cajamarca, de los Andes del norte de Perú, se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos en la región.
“No nos dejan vivir en paz. No podemos vivir en paz. Es un sufrimiento porque no tengo la libertad que tenía antes de todo este conflicto. A mi familia y a mí nos ha cambiado la vida”, dijo Acuña en conferencia de prensa.
La agricultora manifestó su indignación por la “difamación” a la que se ve expuesta por parte de la minera y dijo que aunque no sabe leer, se da cuenta del comportamiento de “matones” que tiene la empresa.
Mirtha Vásquez lamentó que la Fiscalía de Celendín, en Cajamarca, archivara hace tres días una denuncia presentada contra Yanacocha por agresiones a Acuña y su familia durante una reciente intervención de personal de la minera en el que destruyeron cultivos sembrados por la agricultora.
La abogada, directora de la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), advirtió además que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez supremo Javier Villa Stein, admitió un recurso de casación sobre el fallo que acredita a Acuña como poseedora del predio.
“De proceder, nos pone en una inseguridad jurídica, porque significaría repetir el juicio y eso sería gravísimo, ya que habría que repetir las mismas prueba y argumentos”, comentó.
Vásquez también denunció que la minera ha colocado cámaras de vigilancia que apuntan permanentemente a la casa de Acuña para registrar sus movimientos, lo que a su juicio vulnera los derechos de Acuña y su familia a la intimidad y privacidad.
La letrada anunció que todos estos detalles serán presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una reunión que se celebrará a petición de la campesina el 1 y 2 de diciembre.
