El escandaloso despilfarro del dinero público, las asignaciones salariales, triplicadas y quintuplicadas mediante otras jugosas remuneraciones o beneficios son apenas unos de los puntos que quedan en evidencia al verse obligados los entes públicos a publicar información sobre sus funcionarios, los salarios y otros.
Es decir, al someter al escrutinio público el manejo de los recursos que son de todos los contribuyentes y no del administrador de turno, como se piensa en el país.
Usos y costumbres abusivos del poder que, era de esperarse, todavía se empeñan en ocultar los “servidores públicos"; y razón fundamental de la tremenda resistencia que han opuesto en los últimos 25 años de vida democrática del Paraguay a todos los intentos por transparentar el Estado.
Ahora estamos viendo con espanto cómo los funcionarios del Banco Central del Paraguay han dejado de ser los únicos privilegiados del sector público con sus altos salarios y numerosas bonificaciones y premios. Vemos cómo los del Congreso Nacional se les igualan en algunos rubros y les pasan lejos en otros. Si no, que lo digan el director de Fotocopias y el de los ascensoristas.
Si el año pasado no se hubiera dado la primavera informativa alcanzada parcialmente, tras un perseverante reclamo de los medios de comunicación y de la ciudadanía, no nos habríamos enterado de casos como el de la “niñera de oro”, que implicó al entonces diputado Víctor Bogado; ni del sistema utilizado por legisladores como José María Ibáñez, que nos hacía pagar los salarios de sus peones, convirtiéndolos en planilleros de la Cámara Baja.
En una primera etapa los ciudadanos nos indignamos ante estas situaciones registradas en el Parlamento Nacional vinculadas con el tráfico de influencia, nepotismo, y uso de los recursos públicos como si de particulares se tratara.
Ahora, hurgando en los números, hierve la sangre al comprobarse los niveles salariales tan altos para cargos inventados e innecesarios, y que hacen sentir aún más profunda la injusticia que impera en Paraguay, por acción y omisión de los propios “representantes del pueblo”.
Ahora cobra sentido lo que venimos escuchando hace tiempo: Que de cada 100 guaraníes que ingresa en el fisco, 90 va a parar a pago de salarios. ¡Y qué salarios!
Da miedo pensar cómo será en los otros poderes del Estado o cuántos “beneficios” más habrían pergeñado en el Congreso, si no se hubiese presionado a favor de la transparencia, y si no se aprobaba la ley 5189/14 que establece la obligación de publicar los salarios. Hay demasiada podredumbre que limpiar y para eso, es necesario verla.
