El Consejo Nacional de Educación Superior, creado por esta ley, no tendrá representantes de las cámaras de Senadores y de Diputados en su integración.
Culminó así un largo proceso, que todavía deberá superar varias etapas para sacudirse el estigma del empobrecimiento obsceno de la educación terciaria en nuestro país, de la mano de tantos centros que usurparon el título de “universidad”.
Esta ley no es perfecta, pero constituye un primer paso hacia el objetivo de que el Paraguay se adapte a la perentoriedad de una educación superior de calidad, formadora de científicos, humanistas y líderes. Se impone una férrea rigurosidad en la apertura y en el control de centros terciarios. Una universidad no puede ser una mera agencia mercantil.
Desde 1993 rige la actual ley, que estableció los mecanismos de apertura de las universidades. Dicha ley originó un Consejo de Universidades integrado por los rectores de las instituciones públicas y privadas. El Consejo perdió atribuciones con la promulgación de la Ley 2.529, del 2006, que les cedió el poder a los políticos y bajo cuyo amparo se abrieron institutos sin los requisitos mínimos y ya sin el dictamen del Consejo de Universidades. Peor aún, el Congreso Nacional autorizó universidades que tenían dictamen desfavorable de dicho Consejo.
La Ley 2.529, del año 2006, fue realmente nefasta. La misma modificó artículos esenciales de la Ley 136, del año 1993, anulando todos los controles del Consejo de Universidades. El dictamen de este organismo dejó de ser vinculante para la creación de centros de estudio. La potestad quedó exclusivamente en poder de los políticos del Congreso, quienes llenaron el país de “universidades de garaje”.
Por la ley del 2006 estas casas incluso podían crear nuevas unidades académicas, y hasta carreras, sin la autorización previa del Consejo.
Es este libertinaje lo que se debe corregir a partir de ahora. Las mismas universidades privadas —muchas de las cuales tienen un buen nivel académico— deben ser celosas de la calidad general de su enseñanza.
La masificación no ha hecho más que otorgar licenciaturas a gente que no se puede incorporar al mercado laboral porque no está preparada para responder a las altísimas exigencias actuales. Tal masificación se dio por la acción de los políticos por encima del interés general.
El nuevo Consejo Nacional de Educación Superior —sin intromisión de los políticos— tendrá, de ahora en más, la obligación de velar por el prestigio y la excelencia de la universidad en el Paraguay.
