En una nota firmada por el presidente del gremio, Alberto Rivas, solicitan al Gobierno algunas medidas para encarar los proyectos.
En primer lugar, piden la modificación de algunos artículos de la Ley 1614/2000, que prevé la restitución de bienes al Estado.
En ese sentido, sostienen que no puede restituirse al Estado algo que nunca fue de él. “Esta figura de la restitución no es otra cosa que una abierta y gratuita confiscación, que solicitamos sea reemplazada por la figura constitucional de la expropiación, la que debería hacerse previo justo pago en los casos puntuales de expropiación de aguaterías con serios incumplimientos de las disposiciones legales”.
En segundo lugar, reclaman direccionar hacia los aguateros parte de los recursos que obtiene el Estado de organismos multilaterales o de la colocación de bonos, a la modernización del sector agua potable y alcantarillado, de tal forma a contar con recursos a tasas menores que las vigentes en el mercado local.
Finalmente, el gremio solicita a las autoridades de turno participar activamente de las instancias de discusiones entre el Gobierno y los organismos multilaterales de crédito.
