Indicó que desde el 2002 no se reajustan las tarifas y además el Estado no está pagando las cuentas por la provisión de agua potable a los asentamientos. Tampoco hay transferencias de Hacienda para las obras y todo se hace con fondos propios, objetó.
Como ejemplo, comentó que se viene gestionando el cobro de G. 8.698.465.776 por el servicio de agua potable a damnificados ubicados en los refugios habilitados por la Municipalidad de Asunción y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). En los últimos cinco años, la deuda de los asentamientos con la empresa alcanza los G. 25.000 millones, destacó.
En lo que hace a los precios, el funcionario remarcó que la tarifa actual de agua potable es de G. 1.600 por metro cúbico y mencionó que cinco tambores con 200 litros de agua equivalen a dos caramelos. El año pasado, Ludovico Sarubbi, presidente de la Essap, dijo que lo ideal sería aumentar en un 20% la tarifa para los grandes clientes.
INCOHERENCIA. Diarte cuestionó que el Gobierno está subsidiando a varias instituciones y diversos programas, como las telecomunicaciones, y se están enviando recursos a gobernaciones y municipios en el marco del Fonacide y royalties, pero está olvidando lo más importante: el agua potable y saneamiento.
Aseguró que la administración de Sarubbi es la que más invirtió en asentamientos y sectores carenciados, pero aún se está lejos de las necesidades reales. Se instalaron 25.000 metros de cañerías por USD 1 millón en este periodo, apuntó. Afirmó que la culpa en la actual carencia de la provisión de agua no corresponde solo a Essap.