En visita a la Redacción de ÚH, Jorge Bóveda, secretario general del sindicato Sincac, de la empresa estatal; el intendente de San Lázaro, Jorge Villalba; Joaquina Azuaga, concejala departamental de Concepción, entre otros, aseguraron ayer que no van a parar la movilización en la planta de Vallemí hasta que el actual presidente de la INC sea destituido o renuncie y sea intervenida la empresa.
Comentaron que ayer tuvieron una reunión con el vicepresidente de la República, Juan Afara, quien –según indicaron– dijo que buscará lograr una solución.
Bóveda precisó que hay motivos reales y probados de mala administración de la empresa en los últimos tres años y sobre los cuales tienen documentos.
Sostuvo que tienen documentación probatoria de “malas inversiones sin planes y el vaciamiento patrimonial de la INC que redujo su activo en USD 200 millones y hoy está costando solo USD 25 millones”.
Aseguró que la administración de Méndez “recurre a artificios contables para presentar un cuadro positivo, cuando en realidad la situación financiera es difícil con una alta deuda a largo plazo y un pasivo a corto plazo de 83 millones de dólares, que no se podrá cubrir”, afirmó.
Bóveda añadió que la administración de Méndez no cumplió nada de su responsabilidad social en Vallemí, pese a que explota, “está utilizando mal los bonos soberanos con inversión en un molino costoso e innecesario en Villeta”.
Apuntó que si el presidente Horacio Cartes no le destituye a Méndez “es porque le gusta que le mienta, ya que la empresa está comprometida seriamente en el corto y largo plazo”. También denunció que privilegia a distribuidores de Concepción con precios privilegiados que en nada fomenta la libre competencia.
DIÁLOGO. Por su parte, el abogado Héctor Palazón, asesor de la INC, dijo ayer que la administración cree firmemente en que todo este conflicto puede ser solucionado con el diálogo y no dejarán de insistir con esta herramienta “para volver a la paz y armonía que teníamos antes”.
Defendió la legalidad de las promociones de ventas que están haciendo y están respaldadas por la Dirección de Empresas Públicas.
Aseveró que los números positivos están avalados con documentación legal del balance y las inversiones tienen respaldos de Auditoría del Ejecutivo y de la Contraloría. Afirmó que no hay nada ilegal.
