Vinader respondió sobre las dudas que les quedaron a los senadores, quienes recibieron el pasado martes al procurador Roberto Moreno para que informe sobre la situación de la siderúrgica.
De entrada, aclaró que se están manejando errores de concepto en cuanto a la situación legal. “No es que el Gobierno intervino la empresa. Fue el que solicitó la intervención al Poder Judicial, que nombró a un administrador judicial. Aquí se da a entender que fue el Gobierno el que firmó el contrato con Vetorial, pero fui yo como administrador”, recalcó.
Añadió que cuando llegó a Acepar solo encontró deudas, máquinas destrozadas y una planta destruida, donde ni el Estado ni los accionistas querían poner más dinero.
Seguidamente, reconoció que continúan algunos problemas en la parte de cumplimiento de contrato por parte de Vetorial, pero están trabajando para que se pongan al día.
Explicó que la empresa que alquila y produce en la planta tiene dos reclamos. Uno tiene que ver con un remanente de USD 2 millones que adelantaron para que Acepar pague indemnización a los trabajadores y el otra el pago por insalubridad que no está previsto en el contrato, pero que surgió una sentencia judicial que obliga a hacerlo y representa 50.000 dólares más de costo, luego de una negociación tripartita con los trabajadores.
PROCESO. Vinader señaló que en principio estuvieron pagando el adelanto que recibieron con chatarras, pero esto se cortó en diciembre pasado. Esto hizo que quede el saldo a devolver y se vieron obligados a conciliar cuentas ya que el alquiler mensual es de 400.000 dólares.
En cuanto al sobrecosto por insalubridad, señaló que es un reclamo judicial del 2007 de los trabajadores que tuvo sentencia en el 2015. Puntualizó que esto aumentó el costo de mano de obra y ahora tienen que conciliar costos.
El administrador judicial apuntó que todo se está negociando y conciliando. Descartó totalmente la posibilidad de “una hecatombe” en el sentido de que la empresa vaya a parar su producción. “Al contrario, estamos estabilizando la producción que venía por debajo del punto de equilibrio, la empresa, además de invertir, tuvo que absorber una pérdida mensual que era bastante importante”, recalcó Vinader.
Sobre la convocatoria de acreedores, precisó que el monto del pasivo es de alrededor de 60 millones de dólares, pero que es la Justicia la que está determinando la validez de los documentos y también están planteando una quita del 75 por ciento en la negociación que están realizando.
