Las fiscalas anticorrupción Claudia Morys y Victoria Acuña presentaron acusación contra diez de los 13 imputados por lesión de confianza, por presuntos pagos y cobros irregulares de indemnizaciones a personas o empresas que fueron –supuestamente– afectadas por las diversas obras de la Entidad Binacional Yacyretá, cuyo daño patrimonial fue valuado en G. 9.600 millones.
La acusación va contra el ex director de la entidad Enrique Virgilio Cáceres Rojas y el ex asesor jurídico Agustín Miguel Saguier Abente, a la cabeza.
Los otros acusados son Rubén Darío Paredes Escobar, Mariela Alejandra Vázquez Perret, Walter René Rotela López, Mirna Tomasa Ortiz Goldner, Arsenio Ferreira Gutiérrez, Ana María Cherañuk, Carmen de la Cruz Benítez Ruiz Díaz y César Silvero Álvarez.
En cuanto al proceso seguido a Gerónimo Ortiz, fue sometido a la suspensión condicional del procedimiento al haber admitido los hechos y ayudar a la investigación.
Por otro lado, la pareja Ricardo Fleitas Ortiz y María Eusebia Centurión de Fleitas fue sobreseída definitivamente. Ellos eran dueños de la empresa OK, pero no firmaron tal pedido de indemnización, según la Fiscalía.
La acusación sostiene que los diez tuvieron una abierta participación en tres pagos y cobros irregulares de indemnizaciones a empresas que –supuestamente– fueron afectadas por obras de Yacyretá. Así se tiene que, en cada caso, se mal utilizó el beneficio requerido –el concepto de “cese de la actividad productiva"– por montos multimillonarios.
Un primer caso involucra a Ana María Cherañuk, quien había pedido una indemnización por obras que iban a inutilizar la producción de su estación de servicios, por lo que recibió G. 2.660 millones, pero hasta la fecha sigue funcionando y generando plata su playa de combustible.
En otro caso, el de Carmen De la Cruz, denota que el reclamo de indemnización tiene un plazo de diez años; sin embargo, en este caso se hizo efectivo el pago en dos años de 3.600 millones de guaraníes.
El último caso es el de la empresa OK SRL, que también recibió G. 3.600 millones por supuesta pérdida definitiva de toda actividad económica.
