Por un perjuicio patrimonial de G. 4.077.790.616 al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) fueron acusados ayer por el Ministerio Público el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), Luis Aguayo, y otros trece representantes de organizaciones campesinas y oenegés por el hecho punible de lesión de confianza.
La denuncia fue presentada el 25 de junio del año 2014 por el actual presidente de la institución agraria, Justo Pastor Cárdenas.
Según refiere la acusación, en el transcurso del año 2011, el ex titular del Indert Marciano Barreto Leiva (ya fallecido), en uso de sus atribuciones legales, habría suscripto convenios con distintas organizaciones campesinas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales, para presentar proyectos con relación al apoyo a la agricultura familiar en materia de seguridad alimentaria, con base en el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides).
En ese contexto, la Fundación Nación Guaraní recibió la suma de G. 1.225.000.000; la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), G. 180.251.000; y la Organización Regional de Concepción (ORC), G. 663.087.725.
En tanto, la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa) firmó el convenio por la suma de G. 1.009.451.891; y finalmente, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), por G. 1.000.000.000.
ARGUMENTOS. La representante del Ministerio Público señaló que el Indert no expuso fundamentos que avalen y justifiquen la entrega de las sumas de dinero que fueron adjudicadas a las organizaciones, siendo en algunos casos simples presentaciones de documentos sin el debido control, rendiciones de cuentas manipuladas y en la mayoría de los casos sin la lista de los beneficiarios.
Algunos de los proyectos tenían como objetivo entregar los kits de herramientas y maquinarias, además de semillas, pero nunca fueron distribuidos.
Además, los funcionarios del Indert se comprometieron a supervisar las acciones realizadas por las oenegés, pero estas obligaciones no fueron cumplidas, puntualizó.
