En una audiencia en Ciudad de Guatemala, donde la Corte celebra un periodo extraordinario de sesiones, las supuestas víctimas acusaron a Honduras de no haber hecho Justicia por este homicidio, que se produjo el 23 de noviembre de 2001, en el marco de la campaña de Pacheco a diputado al Congreso Nacional hondureño por el Partido Nacional.
Según la exposición, en la que participaron expertos y el hermano de la víctima, José Pacheco León, hay intereses para mantener impune este asesinato y, por ende, denuncian que Honduras ha incumplido con su obligación de investigar con la diligencia oportuna, cometiendo retrasos o irregularidades en la investigación, entre otros.
Pacheco León, quien describió a su hermano como un “miembro ejemplar en la familia” -compuesta por 12 hermanos-, dijo que era una persona “muy conciliadora”, siempre pendiente “de la unidad familiar” y con una “vocación de servicio” al prójimo inaudita: “En términos generales era una persona muy especial”.
El fallecido se involucró en política a finales de 1997 y durante cuatro años hizo un “duro trabajo” visitando aldea por aldea del departamento de Valle, con lo que se ganó “la confianza, el respeto, el cariño y la credibilidad” de los votantes, que finalmente lo habían elegido para la curul, aunque no pudo asumir.
Sin embargo ese liderazgo político, continuó, lo llevó a “tener problemas” que aumentaron cuando fue nombrado como primer candidato a diputado y coordinador general de la campaña del Partido Nacional de Honduras, pues supuestamente había otras personas que querían su puesto.
Pacheco escuchó una vez una conversación telefónica que su hermano mantuvo con un tal “Benjamín” en la que le decía que no atendería a presiones y que, de todos modos, no estaba solo.
Días después de los funerales, la familia puso una denuncia por el homicidio y empezó a dar seguimiento a las investigaciones, que no avanzaban y que nunca daban una “respuesta positiva”.
En algunas ocasiones, relató Pacheco, lo acusaron a él de haber asesinado a su hermano para quedarse con su puesto de diputado, que ejerció durante cuatro años y en los que tuvo que aguantar “la presencia” de dos personas que él tachó como los “dos principales sospechosos” intelectuales del homicidio.
Estos son Benjamín Cárdenas y Raúl Pino, y este último supuestamente es quien quería el lugar de Pacheco en el Congreso.
Precisamente, Pacheco dijo que mientras ejerció como diputado, ocupando el cargo de su hermano, fue víctima de actos de hostigamiento y robos en su vivienda de documentación relacionada con el caso, y aunque denunció la mayor parte de estos hechos nunca tuvo una respuesta de las autoridades.
“Era obvio que había intereses de que el caso del asesinato de mi hermano no se investigara, por qué y por quiénes no sabría decirle”, declaró este familiar frente a la Corte, a la que pidió que obligue a Honduras a hacer las correspondientes investigaciones y a que establezca sistemas para que no se repitan casos como este.
En Honduras, dijo, “no existe una democracia, no se respeta la voluntad del pueblo”, y el caso de su hermano, según él, no es el único homicidio en el país que responde a intereses.
Uno de los peritos, Alejandro Ramelli, dijo que el Estado debería haber investigado las circunstancias políticas y electorales, y aseguró que el homicidio era una “crónica de una muerte anunciada” por las amenazas y advertencias que habría recibido.
“El móvil está clarísimo, es político. Ninguna de las pruebas en el expediente señalan a otro”, proclamó y agregó que llamar a declarar a 50 personas, como está recogido en el caso, no demuestra eficiencia: “Una investigación no se mide por pruebas numerosas, sino por aquellas que apunten a un norte efectivo”.
La Corte seguirá ahora con la investigación del caso.
