Además, solicitaron elevar la causa a juicio oral y público.
La acusación señala que el matrimonio comprendido por Alvarenga y Rotela –esta última funcionaria nombrada del Ministerio de Salud– ha obtenido en el marco de los últimos diez años un aumento desmedido en los bienes que comprenden su patrimonio y que no condicen con sus legítimas posibilidades económicas, por lo que se concluye que dicho acrecentamiento fue logrado de forma ilegal y aprovechándose de la función pública.
Menciona que el aumento patrimonial excesivo consistió en la adquisición de múltiples vehículos automotores, hasta la compra de un tractor, e incluyendo un vehículo cero kilómetros, así como el correspondiente pago de un cuantioso seguro para el mismo.
También resalta la compra de diversos bienes inmuebles, como ser departamentos ubicados en edificios en Asunción, estancias de varias hectáreas de tierra, variados terrenos y entre otras circunstancias la participación de uno de los miembros de la pareja como accionista en una empresa de seguridad.
Alvarenga, cuando era titular de la Comandancia de la Policía, realizó la declaración de sus bienes a la Contraloría General de la República, declarando inmuebles por un valor de G. 226.000.000. Sin embargo, en el año 2015, al salir del cargo citado, declaró tener bienes inmuebles por G. 2.400.000.000.
Por otra parte, su hijo adquirió un vehículo de la marca Mercedes Benz por un valor de G. 33.000.000, ocultando la procedencia del mismo.