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Mundo
viernes 1 de julio de 2016, 09:04

Activistas en Guatemala luchan en un país que registra una agresión diaria

Guatemala, 1 jul (EFE).- Daniel Pascual no tiene escoltas pero camina acompañado. "Mis guardaespaldas son mis compañeros". Daniel Pascual es dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de esas organizaciones que alza la voz contra los abusos de los terratenientes y las multinacionales. Una labor que en Guatemala cuesta la vida a menudo.

En 2015, 13 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país centroamericano, seis más que el año anterior. Desde el 2000 se han registrado oficialmente 4.485 agresiones, casi una diaria.

"La represión es constante (...) Es una guerra permanente", subraya Pascual a Efe.

Los incidentes de Raxruhá, en agosto de 2014, se saldaron con 3 muertos y 24 detenidos; en Totonicapán, dos años antes, otras ocho personas fallecieron.

Un esquema de represión que se repite a lo largo de todo la geografía guatemalteca: terratenientes y grandes multinacionales tratan de aprovecharse de un territorio rico en minerales, petróleo y recursos hidroeléctricos expulsando a los indígenas de sus tierras.

Cuando estos se rebelan, las autoridades, a través del Ejército y la Policía, entran en escena: "Usan bombas, estados de sitio, artillería", asegura Pascual.

En el departamento de Santa Rosa, el Ejército mantiene dos bases militares e incluso, insiste Pascual, se ha impuesto el toque de queda para proteger a la Minera San Rafael, un explotación que desde 2007 extrae plata, cinc y mercurio de la zona.

Desde hace unos años, relata Celeste Gutiérrez, otra de esas mujeres de gesto amable y mirada irredenta, el agua ha comenzado a contaminarse y ya "empiezan a sentirse enfermedades".

Además, la siembra de maíz, tomate, patatas, brécol y chile también se ha resentido. La peor parte, remarca la activista local, se la ha llevado la cebolla, el cultivo del que viven la mayoría de agricultores de la zona: "En el mercado ya no la quieren porque se ha corrido la voz de que está contaminada".

La minera, continúa la activista antes de participar en un foro sobre derechos humanos organizado por Oxfam en Guatemala, "tiene el dinero para comprar voluntades, pero nosotros tenemos la fortaleza para poder luchar contra ellos".

Ni siquiera cuando el 18 de septiembre el Ejército y la Policía desmantelaron por la fuerza el campamento de protesta instalado frente a la minera, los vecinos de Santa Rosa retrocedieron un ápice en sus protestas.

"Hay momentos que sentimos temor, pero por eso no nos van a parar. Si vamos a entregar la vida lo vamos a hacer defendido nuestros derechos", sentencia la joven Celeste.

Un centenar de kilómetros al norte, los agricultores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo también están en la lucha contra una minera que contamina sus tierras.

Éstas contienen de por sí una alta concentración de arsénico, un peligro potencial que las prácticas mineras -que remueven las rocas para extraer el oro- han multiplicado.

Según los activistas medioambientales, la concentración de arsénico por litro oscilaría entre los 0,052 y 0,087 miligramos, muy por encima del límite de 0,01 establecido por autoridades internacionales.

Cuando María Rosario salió a protestar contra la minera, en mayo de 2014, agentes antidisturbios la golpearon. "Casi pierdo el bebé", rememoraba hace unas semanas la joven, sentada en un barracón de uno de los "campamentos de la resistencia".

"Guatemala tiene una oligarquía terrateniente con una mentalidad todavía feudal que sigue viendo el país como una hacienda donde el amo decide qué se hace y para dónde va la producción (..) y hay Gobiernos que han hecho alianzas de oficio con los terratenientes", apunta Pascual.

Mientras eso no cambie, advierte el activista, su lucha continuará siendo un "elemento de explosión social": "Hay viudas, hay huérfanos... hay hambre en el campo".