“La propuesta del Gobierno de Puerto Rico no es un punto de partida creíble para las negociaciones”, señala el comunicado de los asesores de los principales acreedores, que se aglutinan en un grupo denominado Ad Hoc-GO, según detallan medios locales sobre la respuesta dada a la AAFAF, entidad que asesora financieramente al Ejecutivo puertorriqueño liderado por Ricardo Rosselló.
La respuesta de los acreedores llega cuando a partir de la próxima semana dejará de tener efecto la moratoria de la “congelación” a las demandas judiciales de los acreedores contra el Gobierno de Puerto Rico por impagos, tal y como establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
Esa norma, aprobada el pasado junio por el Congreso en de EE.UU. para atender el problema de una deuda impagable que ronda los 70.000 millones de dólares, establece además una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que supervisa al Ejecutivo puertorriqueño en todo lo relativo a su política financiera y de elaboración de presupuestos.
La propuesta rechazada estipula un recorte del 50 % del principal -el valor de lo prestado por los acreedores sin contar el interés- a los tenedores de deuda de bonos de Obligaciones Generales y de un 60 % a los de Cofina.
“Le urgimos al liderato electo de Puerto Rico que trabajen con los acreedores para construir una solución consensuada que se base en un pronóstico financiero creíble y que evita la caída libre al título III, que la Junta Federal de Control Fiscal parece tener intención de imponer”, puntualiza el comunicado.
Los asesores de los acreedores entienden que esta última propuesta viola apartados de Promesa.
El título III permitiría reestructurar la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la vía judicial.
Recurrir al título III supondrá constatar el fracasó del título VI de Promesa hasta ahora utilizado, que a grandes rasgos establece una negociación pactada sin recurrir a la vía judicial.
El proceso de recurrir al capítulo III comienza con una petición de quiebra ante la Corte del Distrito federal para Puerto Rico, que de aceptarla supondrá la paralización de todas las demandas, a lo que seguirá una petición de reclamaciones de los acreedores que el Gobierno podrá objetar y sobre las que decidirá el tribunal.
Si la Corte federal acepta la objeciones del Gobierno, los acreedores podrán recibir menos de lo reclamado o nada.
