La Cámara de Diputados decidió no esperar hasta el próximo jueves para tratar en sesión ordinaria la renuncia de Torreblanca y optó por concretar hoy su desvinculación de la institución.
Los senadores suspendieron ayer las tres sesiones del juicio político. En la última, que estaba prevista para las 11.00, se iba a dictar la sentencia.
El diputado colorado Bernardo Villalba, quien ejercía el papel de fiscal acusador, dio por hecho la aceptación por parte de la Cámara Baja de la renuncia de Torreblanca. En esa misma línea opinó la legisladora Olga Ferreira de López.
Con al menos 41 diputados presentes se puede iniciar la sesión. Villalba afirmó que habrá suficiente quórum, atendiendo a que es un tema del cual la ciudadanía en general está pendiente.
En la nota de renuncia, Torreblanca reiteró que la imputaron injustamente y que en cualquier análisis imparcial se puede notar su inocencia.
“Es hartamente sabido que mi parte ha sido sometida a un juicio político, por supuestas causales de mal desempeño de mis funciones cuando ocupaba el cargo de subcontralor general de la República; en ese sentido, en fecha 25 de agosto del año en curso, he formulado mis descargos y argumentos que, a la luz de un análisis, valoración y razonamiento imparcial y desinteresado, denotarán de un modo claro e indubitable, la absoluta irreprochabilidad de los actos que motivaron este procedimiento y que injustamente me fueron imputados”, señala parte del escrito de renuncia que Torreblanca remitió a Diputados a través de su abogado.
Torreblanca y Óscar Rubén Velázquez fueron desaforados y están imputados por estafa, cobro indebido de honorarios e inducción a un funcionario a un hecho punible por el cobro irregular de bonificaciones por horas extras.
El descontrol en la Contraloría que reveló ÚH y que causó el repudio de la ciudadanía hizo que el Congreso impulse el proceso de juicio político.
El primer caso fue el de la secretaria vip, Liz Paola Duarte, quien llegó a percibir en algunos meses, remuneraciones que alcanzaban G. 37 millones, y un promedio de 25 millones de guaraníes mensualmente, superando incluso lo que gana un ministro del Ejecutivo.
La mujer evitó un sumario administrativo renunciando a la institución, pero de todas maneras, está siendo investigada por la Fiscalía al igual que otros funcionarios.
La mayoría de los diputados consideran incluso que las resoluciones dictadas por Torreblanca como contralora no tienen validez, porque no juró ante la Cámara Baja.
