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Sucesos
martes 7 de febrero de 2017, 01:00

Acordada permite solo 20 días, pero jueza pide permiso por 6 meses más

La jueza Patricia González pidió a la Corte Suprema ampliar su permiso por otro medio año para seguir de compañera a su esposo, el cónsul general en Málaga, España, Roberto Melcha Melgarejo.

La jueza Penal de Garantías Patricia González solicitó seis meses más de permiso para continuar acompañando a su marido Roberto Melcha Melgarejo, cónsul general de Málaga, España.

La magistrada ya había sido beneficiada con un permiso de igual periodo, desde el 13 de junio de 2016 hasta inicio de enero, sin goce de sueldo. González debía volver a su lugar de trabajo; sin embargo, a la fecha no ha retornado, esperando que los ministros de la Corte decidan su solicitud a la vuelta de la feria.

Hoy posiblemente, en sesión plenaria, se debe tratar el pedido de prolongar lo solicitado por la jueza.

Mientras tanto, el magistrado Gustavo Amarilla interina su juzgado, a la par de atender el suyo, así como también el del juez suspendido Rubén Ayala Brun.

En caso de que los ministros le otorguen los seis meses más, la jueza se ausentará un año (365 días). Esto hace caso omiso a la acordada N° 904, del 2 de setiembre de 2014, que establece que los permisos solicitados, por motivos particulares durante el año, no podrá exceder de 20 (veinte) días (ver infografía).

CAJONEO de expediente. La Corte Suprema había ordenado auditar el juzgado a cargo de la magistrada González, ya que se descubrió que mantuvo cajoneado durante un año y medio siete exhortos, entre los que estaba un pedido de cooperación de la Justicia brasileña con relación al presunto narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. Sin embargo, se descartó la responsabilidad de la jueza, según Mario Elizeche, director de Auditoría de Gestión Judicial.

El exhorto respecto a los bienes fue recibido en el mes de abril del 2015 y nunca se le dio trámite, según los antecedentes.

La responsabilidad recayó en dos funcionarios del despacho de la jueza. Los supuestos responsables serían el actuario Milton García, y el dactilógrafo Aldo Francisco Godoy. Por otra parte, cabe destacar que González fue nombrada originalmente como jueza de Ejecución, pero tras la suspensión del juez Roberto Martínez, por presunta coima (actualmente extinta), se decidió que interinara el juzgado de Garantías Nº 7.