La Contraloría General de la República recomendó suspender este proceso hasta tanto acceda a toda la documentación con vistas a la implementación del servicio, que tiene a TX Panamá y Gestión Catastral como empresas preseleccionadas.
Pereira sostuvo que se trata de una privatización, a pesar de que en el proceso licitatorio se habla de modernización, compra de consultoría y otras cuestiones. “Pese a los dibujos jurídicos que hacen, es privatización de una cesión de derechos que son solo inherentes al Municipio asunceno”, sostuvo.
Indicó que se ratifican en que se trata de una adjudicación inconstitucional, porque “no se pueden delegar funciones que están establecidas por Ley Orgánica Municipal como atribuciones del intendente como encargado de la recaudación”.
Dijo que la Comuna asuncena tiene más de 8.000 funcionarios que pueden hacer este relevamiento de datos.
Apuntó que el presupuesto comunal es de más de USD 150 millones y la comisión en la recaudación anual para la firma que sea adjudicada sería de 20% sobre el mejoramiento alcanzado en este sistema.
Por su parte, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, director de Asesoría Jurídica de la institución municipal, dijo que buscará interiorizarse en el tema antes de emitir postura. “Últimamente la Contraloría está dándonos por cualquier cosa. Entregaremos toda la documentación del proceso y aclarar todo”, puntualizó.
