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Sucesos
lunes 24 de abril de 2017, 01:00

Abogado imputado por caso del VIH puede tener pena de hasta 25 años

En caso de condena, entre el concurso de delitos y hasta medidas de seguridad, la pena del abogado imputado por el caso del VIH, podría llegar a los 25 años de cárcel.

El sábado, el juez de guardia, Óscar Delgado, adelantó que la fiscala Fátima Britos señaló que esta semana podría haber otra imputación en contra del profesional del Derecho.

El mismo tiene prisión preventiva en Tacumbú, tras la imputación por supuesta lesión grave, a raíz de que supuestamente transmitió el VIH a varias mujeres.

Hasta el momento, son siete las mujeres que presentaron denuncia en su contra y una imputación, fiscal, que se sumaria a otra esta semana.

Con ello, podría ampliarse la imputación en su contra en la misma causa, o en su caso, presentarse ante otro magistrado, que debería también citarle a imposición de medidas cautelares.

CONCURSO. En caso de que las imputaciones sean en una misma causa, y comprobarse en juicio oral de que se dan más de un hecho de lesión grave, se produciría el concurso de delitos.

Con ello, la pena máxima a ser aplicada sería de hasta 15 años de encierro, conforme con las normativas penales que se aplican cuando hay varios hechos punibles, o repetición de los mismos.

A esto, eventualmente, la Fiscalía también podría pedir las medidas de seguridad, ya que existen reiteradas denuncias por hechos similares.

Hay que recordar que según la declaración de una de las víctimas, son 13 las mujeres a quienes el mismo abogado les habría transmitido el VIH.

Con ello, las medidas de seguridad pueden solicitarse hasta 10 años.

De esta manera, eventualmente, y si se dan estas circunstancias, la pena del profesional, de ser hallado culpable, sería de hasta 25 años, entre pena privativa de libertad y medidas de seguridad.

Hay que aclarar que esta es la máxima pena que podría aplicarse, lo que no quiere decir que los jueces, en caso de hallarse culpable al hoy imputado, apliquen la condena que consideren justa y útil.

La causa está recién en sus inicios, por lo que la Fiscalía tiene seis meses para investigar. El juez Humberto Otazú, fijó para el 21 de octubre del 2017, la fecha para el requerimiento conclusivo.