El profesional del derecho es hijo del fallecido político colorado y ex presidente del Instituto de Reforma Agraria, Waldino Ramón Lovera.
De unas 32 demandas de nulidad de acto jurídico y reivindicación de inmueble promovidas por la PGR, solo 10 obtuvieron el fallo de la Justicia; nueve fueron en contra del Estado. Se registraron además desistimientos y demandas que fueron al archivo.
“Yo voy a pedir copias de las resoluciones judiciales y voy a atacar como corresponde en el sentido de que es un grave hecho punible que se produce en contra del erario público. Yo voy a accionar contra los jueces, contra los camaristas y los miembros de la Corte, porque esto sí que ya se constituye en un hecho de alta traición a la patria”, manifestó el abogado.
El único caso en el que la Justicia favoreció al Estado es en el que tiene que ver con la mansión de la familia del ex dictador Alfredo Stroessner.
La PGR optó por desistir de muchas demandas mientras que otras se perdieron por “caducidad de instancia”; es decir, el expediente no registró ningún movimiento en seis meses, por lo que fue a parar al archivo. También están las demandas que siguen su curso normal, pero en un número ínfimo.
Las sentencias tienen prácticamente una misma estructura y los mismos fundamentos para rechazar las demandas. Uno de los fundamentos es la falta de legitimación activa (capacidad procesal de representación, para el ejercicio de las acciones o demandas judiciales) de la Procuraduría para defender los intereses patrimoniales de la República.
En otros fallos se sostuvo que la adjudicación no es un acto jurídico nulo, sino anulable, que puede ser subsanado y que como tal el reclamo sobre la adjudicación prescribe a los diez años, y también que los demandados son adquirentes de buena fe, lo que les protege.
El 24 de setiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe a la Procuraduría sobre la cantidad de demandas perdidas.
