A los abogados defensores del caso Curuguaty Vicente Morales, Guillermo Ferreiro y María del Carmen Morales se los acusa por presuntas irregularidades en el ejercicio de la profesión.
Por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia a través de la Superintendencia de Justicia presentó un sumario administrativo.
Las causales son incidentes dilatorios y recusaciones planteados por los abogados ante actuaciones fiscales y judiciales. El máximo organismo judicial considera ilegal y, por este motivo, busca sancionarlos.
Para Vicente Morales, el sumario administrativo presenta argumentos “ambiguos y vagos” porque no establece con claridad cuáles son las dilataciones y el daño o perjuicio contra el proceso de los acusados por la masacre de Curuguaty.
Mencionó que en uno de los puntos se establece que dilataron a tal punto que no se pudo llegar a concluir la audiencia preliminar. En ese punto respondió que la causa ya está en juicio oral y público y fue suspendida hasta el año que viene.
“El auditor solo leyó tres de los 14 tomos del expediente y su informe tiene 250 páginas”, indicó el abogado a ULTIMAHORA.COM.
Lamentó que la jueza Janine Ríos toma de forma personal los cuestionamientos de la defensa hacia sus decisiones. “Eso tiene un sesgo muy autoritario porque el abogado está para cuestionar, impugnar, recurrir, y objetar todas las decisiones que consideren ilegítimas o es que se espera que nosotros vayamos a quedarnos callados a ser parte de una parodia”, criticó.
En la notificación figura que dan como plazo nueve días hábiles para que los abogados ejerzan su defensa. Con respecto a esto, Morales dijo que ambos se defenderán con las documentaciones correspondientes.
El juicio se debía realizar este noviembre, sin embargo pasó para junio de 2015 porque, según el presidente del tribunal, Ramón Trinidad Zelaya, no se llegó a notificar a unas 54 personas para ofrecer sus testimonios en calidad de testigos.
La matanza en Curuguaty ocurrió en junio de 2012 en las tierras de Marina Cué, en la ciudad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú. En la ocasión fallecieron 17 personas, incluyendo 6 policías y 11 campesinos.
