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martes 12 de julio de 2016, 07:32

Abogado cuestiona investigación unidireccional del caso Curuguaty

El abogado Alberto Alderete, quien forma parte de la defensa de los campesinos condenados, criticó la investigación unidireccional de la matanza de Curuguaty. Dijo que el Ministerio Público descartó otras hipótesis como móviles del crimen y decidió acusar directamente a los labriegos.

"El Ministerio Público realizó una investigación unidireccional, tomó una sola dirección y descartó otras hipótesis", expresó el profesional del Derecho con respecto al trabajo realizado por la Fiscalía en el caso Curuguaty.

Entre algunas interrogantes, dijo que nunca se indagó sobre la posible existencia de grupos políticos que tuvieron participación en un plan para llevar a cabo la masacre ocurrida en tierras de Marina Cué.

También señaló que se descartó que los propios efectivos policiales se hayan disparado entre sí, debido a la confusión que generaron los gases lanzados desde el helicóptero que sobrevoló la zona. Alegó que los miembros de la FOPE pudieron abrir fuego contra los efectivos de la GEO.

"Esa hipótesis nunca se tomó como una posibilidad para el Ministerio Público. Querían condenar a estas personas a cualquier precio, sin importar que hayan hecho o no", señaló a los medios de prensa.

También cuestionó algunos puntos del juicio oral y público, como el caso de que la Fiscalía presentara durante todo el proceso la figura de homicidio en grado de tentativa, y recién en los alegatos finales cambiara la calificación a homicidio doloso consumado, sin que el Tribunal otorgue a la defensa el derecho a descargo sobre esta causa.

Sobre la manifestación en la sala de juicio del Poder Judicial, mencionó que no realizaron una toma sino que permanecieron en el sitio como reclamo a una sentencia "arbitraria e ilegal". Indicó que en todo momento la puerta permaneció abierta.

Al mediodía de este martes, comunicarán si seguirán en el lugar o abandonarán el sitio.

Los 11 campesinos fueron condenados por la matanza de Curuguaty. A pesar de los gritos del público, el fallo judicial fue leído ante todos, dando condenas de 30 años de cárcel y 5 de medidas de seguridad para el principal acusado, Rubén Villalba.

Los demás recibieron sanciones de entre 20 y 4 años de encierro. Según los jueces, se probó la existencia del homicidio doloso, además de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.

Así, se puso fin al juicio donde se investigaba la muerte de 6 policías –pero no la de 11 campesinos–. El hecho ocurrió el 15 de junio de 2012, que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.


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