Algunos medios periodísticos lo bautizaron como “el Marzo Paraguayo de Cartes”, comparándolo con los sucesos históricos, también trágicos, de la gesta ciudadana de marzo de 1999, tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, cuando las movilizaciones en las calles provocaron la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas, luego de la masacre de jóvenes manifestantes en las plazas del Congreso. En este caso, los hechos no llegaron a tanto, pero las imágenes de las violentas represiones policiales en las calles y el incendio del edificio del Parlamento motivaron la inevitable asociación con aquellos episodios.
En pocos días más se cumplirá el primer aniversario de los sucesos conocidos como el 31M, el momento más crucial desencadenado por la campaña del sector político liderado por el actual presidente, Horacio Cartes, con el sector liderado por el ex presidente Fernando Lugo, para intentar violar la enmienda de la Constitución e introducir la figura de la reelección. La resistencia de un sector ciudadano derivó en una serie de movilizaciones en la tarde y noche del 31 de marzo de 2017, y en la madrugada del 1 de abril, que derivaron en la quema del edifico del Congreso, en el atraco policial a la sede del PLRA y el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana.
Este aniversario se acerca sin que las investigaciones del Ministerio Público y las acciones de la Justicia hayan producido avances para esclarecer lo que realmente ocurrió en dichos episodios. Por el contrario, se perciben intentos por encubrir lo que pasó esa noche y madrugada, y por proteger a quienes fueron responsables y protagonistas. Una vez más se ha podido percibir que los intereses políticos han primado sobre los elementos jurídicos.
El caso más grave fue el asesinato del joven militante del PLRA, ya que aquella noche la policía irrumpió en el local de la principal fuerza política de oposición sin orden judicial alguna, con la arbitrariedad represiva de la época de la dictadura. Hasta ahora la Fiscalía y la Justicia no lograron determinar quién dio la orden de atropellar el local partidario. Más bien, se busca hacer aparecer la acción como iniciativa autónoma de un grupo de policías, tratando de evitar que se examinen las llamadas telefónicas realizadas entre quienes impartían las directivas en aquella jornada.
En estos días, un nuevo video pone en evidencia las mentiras del actual ministro del Interior, quien había asegurado que el oficial Gustavo Florentín, imputado por haber disparado contra el joven Quintana, supuestamente escapó de un arresto y se sumó por cuenta propia a los operativos. El video muestra que Florentín ya formaba parte de los pelotones desde la mañana y no estaba arrestado.
A un año del 31M, aquellos hechos traumáticos para el proceso democrático requieren de un necesario esclarecimiento para devolver la institucionalidad de la República. La Justicia debe dar respuestas.
