Ninguno que cobre sueldo de una institución pública sin trabajar o que solo acuda a su puesto laboral tan solo para marcar presencia, pero sin contar con tareas asignadas, lo hace por su propia cuenta. Siempre están respaldados por poderosos padrinos que no solamente les consiguieron los cargos, sino que les amparan para continuar cobrando sus salarios sin siquiera haber aparecido alguna vez por las oficinas en las que figuran como empleados.
Una variante de esa repetida forma de corrupción es que los contratados acuden a una institución pública, pero se pasean todos los días por los pasillos, salen y entran cuando quieren y no responden a ninguna disciplina jerárquica. Aunque estén presentes físicamente en sus lugares de trabajo, no se diferencian mucho de los que solo aparecen para cobrar a fin de mes.
Esas situaciones son conocidas por aquellos que nada tienen que ver directamente con las contrataciones y su modalidad de relacionamiento institucional. Sin embargo, o porque hábilmente practican lo mismo sin que su situación sea ventilada ante la opinión pública, o porque por cobardía callan lo que conocen a ciencia cierta , los que operan al margen de las normas y la ética cuentan con su complicidad.
El caso más sonado de los últimos meses es el del ministro Alberto Ramírez Zambonini, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Se supone que un magistrado es una persona honorable que defiende el patrimonio público y es celoso guardián de su institución para que los recursos económicos que le fueron asignados no sean despilfarrados.
Lejos de ese deber ser que es un imperativo legal y ético, ha dado carta blanca a su amigo y correligionario Manuel Radice para que este llene de allegados las planillas del TSJE sin siquiera acudir a la institución.
Los dos ministros del TSJE, Jaime Bestard y María Elena Wapenka, no pueden lavarse las manos, porque necesariamente tuvieron que haber estado enterados del tráfico de influencia que involucraba a su par del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Al callar el despilfarro del dinero público en el TSJE, se convirtieron en cómplices y encubridores de Ramírez Zambonini.
A todo esto hay que agregar otros casos. El hecho de que no estén hoy en el centro de la noticia diaria no significa que sus casos sean menos graves que los del ministro del TSJE. El de Froilán Peralta, que acomodó el estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA ) a sus intereses; el del ahora ex contralor general de la República Óscar Velázquez, y los de los legisladores José María Ibáñez y Víctor Bogado son parte de la misma película de corrupción.
Si después de las intervenciones de los fiscales y los jueces los acusados de corrupción salen impunes, significará que la impunidad ha ganado batallas decisivas. Y que el Paraguay seguirá, por un buen tiempo todavía, en manos de los que se han apoderado de sus bienes para utilizarlos a favor de su propio provecho. No habrá nada más triste ni lamentable que eso.
