Sucede que en esa ciudad no existe otra casa de estudios que imparta dichas especialidades, a excepción de una filial de la Universidad Católica de Asunción (UCA) que –según los afectados– cobra un arancel alejado de sus posibilidades.
“En Villarrica no hay otra universidad que tenga la carrera de Radiología y que esté habilitada por el Cones. Química sí hay, pero solo en la Católica, y ahí es carísimo”, apuntó Lisandri Mongelós, quien cursó dos años de Radiología en la UPG.
Es por eso que desde noviembre último ella y sus cerca de 40 compañeros siguen sin saber si continuarán o no sus estudios durante este año.
José Arce, viceministro de Educación Superior, explicó que aún no tienen un registro de la cantidad de afectados por el cierre de las casi 20 sedes y más de 40 carreras de la UPG.
Dijo que están analizando, junto al órgano regulador, la situación legal de la Universidad de San Lorenzo (Unisal), que tiene una filial allí, para que eventualmente pueda resultar como entidad receptora.
Caso contrario, esos estudiantes deberán seguir sus carreras en otras localidades en el marco del plan de reinserción académica que lleva adelante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con los miles de estafados por las universidades garaje.
Gasto. Lisandri expuso que lo que reclaman es la reactivación de sus carreras en su distrito, pues no todos están en condiciones de ir a estudiar a otra ciudad. En sus dos años en la UPG, según calculó, invirtió unos G. 10 millones en total.
Arce, a su vez, señaló que aún no tienen un censo de este grupo de estafados. Refirió que cada uno deberá gestionar sus antecedentes académicos para someterse al proceso de reubicación en alguna institución habilitada por el Cones.